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A pesar de la poca visibilidad política de la inseguridad vial, congresos muestran avances.
Si bien las graves consecuencias de la inseguridad vial no son, normalmente, un tema en las campañas electorales, los congresos de Chile, México y Colombia han avanzado o discuten actualmente legislación valiosa para reducir pérdida de vidas, heridas graves y discapacidad por violencia en las calles y carreteras. En los tres casos se evidencia impulso desde la sociedad civil.
En Chile, el Parlamento aprobó en 2018 un ajuste a la Ley de Convivencia Vial. Uno de sus principales instrumentos fue el establecimiento de un límite de 50 km/h en vías urbanas, lo cual llevó al país austral al mismo nivel de la mayoría de los países de la Ocde.
En nuestro país, avanzan dos iniciativas legislativas de gran importancia. Por una parte, está el proyecto #LeyJuliánAndrés, que fue aprobado en la plenaria del Senado con ponencia de la senadora Ana María Castañeda (el proyecto es de autoría de los parlamentarios Rodrigo Rojas, Roy Barreras, Diego Patiño, Emeterio Montes y Milton Angulo). El proyecto incluye disposiciones para avanzar en seguridad vial vehicular y mejor diseño vial, además de establecer 50 km/h como velocidad límite para arterias urbanas (de forma similar a la Ley de Convivencia Vial chilena). El debate tuvo apoyo de la sociedad civil a través de la Liga Contra la Violencia Vial y Conduce a 50 vive al 100. El proyecto de ley, que ahora pasa a debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, rinde homenaje a Julián Andrés Gómez, el joven ciclista admirador de Egan Bernal que falleció tras ser atropellado por un conductor de camión.
En la actualidad se tramita la ley para el Centro Automatizado de Infracciones, Ley Cati, que permitirá usar dispositivos electrónicos (cámaras salvavidas) para disuadir comportamientos riesgosos, muy especialmente el exceso de los límites de velocidad establecidos. La idea es usar dispositivos probados para prevenir y generar cambios de comportamiento. En ambos casos, la Ley de Convivencia Vial y ahora el proyecto de Ley Cati, hay un fuerte acompañamiento de la sociedad civil a través de múltiples organizaciones promotoras de seguridad vial y movilidad sostenible (notablemente el Movimiento Contra el Exceso de Velocidad Letal y Bicicultura). El proyecto de Ley Cati recibió mensaje de urgencia del nuevo gobierno para pronto trámite en el Parlamento.
En México, en diciembre de 2019 se aprobó un cambio en la constitución para establecer la movilidad segura como derecho fundamental, en condiciones de equidad, igualdad y accesibilidad para todas las personas. En desarrollo de este derecho, luego de un proceso de año y medio, el Senado aprobó la Ley de Movilidad Segura, la primera legislación nacional para avanzar en todo México los temas de seguridad vial, que antes eran de competencia estatal y para los cuales no existía un marco común. Como en Chile, un amplio movimiento ciudadano dio respaldo y presionó los cambios legales, reunido en la Coalición Movilidad Segura, donde se destaca el papel de las ONG Punto Céntrico, Reacciona por la Vida y Bicitekas.
En nuestro país, avanzan dos iniciativas legislativas de gran importancia. Por una parte, está el proyecto #LeyJuliánAndrés, que fue aprobado en la plenaria del Senado con ponencia de la senadora Ana María Castañeda (el proyecto es de autoría de los parlamentarios Rodrigo Rojas, Roy Barreras, Diego Patiño, Emeterio Montes y Milton Angulo). El proyecto incluye disposiciones para avanzar en seguridad vial vehicular y mejor diseño vial, además de establecer 50 km/h como velocidad límite para arterias urbanas (de forma similar a la Ley de Convivencia Vial chilena). El debate tuvo apoyo de la sociedad civil a través de la Liga Contra la Violencia Vial y Conduce a 50 vive al 100. El proyecto de ley, que ahora pasa a debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, rinde homenaje a Julián Andrés Gómez, el joven ciclista admirador de Egan Bernal que falleció tras ser atropellado por un conductor de camión.
Por otra parte, está el proyecto de Ley de Adhesión al Acuerdo de 1958 de las Naciones Unidas, que daría entrada a nuestro país al Foro Mundial de Armonización de Estándares Vehiculares WP-29, con la posibilidad de eliminar un atraso de más de 20 años en las condiciones de seguridad de los vehículos nuevos que se venden en Colombia. El proyecto de ley, de iniciativa gubernamental, será discutido en las próximas semanas en la Comisión Segunda del Senado. Un grupo de 43 profesores y representantes de organizaciones civiles apoya la eventual aprobación de esta importante iniciativa. Fasecolda, por su parte, explica en su revista las ventajas de esa adhesión, que también tiene el respaldo de Despacio.org, Dejusticia, el Cider de la Universidad de los Andes, el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi).
Fuente: Eltiempo.com
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